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Vacuna contra la desigualdad

July 24, 2017

Hace unos días atrás nos topamos con una iniciativa irrisoria, impensada e increíble a nivel salud. Con todos los problemas sanitarios que existen en nuestro país, en estos tiempos, jamás se nos podría haber cruzado por la cabeza. Ni a nosotras ni a nadie.

 

El proyecto de ley en su artículo número 1 dice lo siguiente:

"Las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento del derecho al consentimiento informado establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529″.

 

La autora de esta iniciativa -que ahora giró a la Comisión de Acción Social y Salud Pública- es diputada de Unión Pro y se llama Paula Urroz.

 

La diputada Miriam Gallardo explica: 

“Hay que destacar que la OMS describe la vacunación como el hito más importante de la salud pública, junto con la potabilización del agua. Esto es más que evidente. Nuestro país, por ejemplo, es el único que incluye la vacuna contra la hepatitis A. Antes de que estuviera en el calendario, había más de diez mil pacientes necesitados de trasplante hepático. Ahora hay más o menos cincuenta. A ese punto llega el impacto de la vacunación en la salud”.

 

Estamos viviendo una crisis sanitaria, que se arrastra hace décadas. Pero hoy, desde el Estado mismo, nadie se preocupa por cubrir los baches urgentes. Directamente se pretende recortar lo que llaman un gasto excesivo e innecesario. 

 

2016 - El plan Programa Nacional de Inmunizaciones sufrió un recorte del casi 30%, lo que significó el cierre de vacunatorios periféricos, de programas de capacitación técnica, y hasta la suspensión y compra de ciertas vacunas.

 

2017 - El presupuesto recibió recortes muy significativos. Dieron tijeretazos a programas como “Atención de la madre y el niño" (cuyos fondos pasaron de $4 mil millones a $2 mil millones), y "Atención sanitaria en el territorio" (que pierde de $439 millones en 2016 a $258 millones en 2017).

 

En marzo de este año, luego de trece años, se dio de baja el programa que efectivizaba la entrega gratuita de casi el 90% de los medicamentos para las enfermedades más frecuentes, con una visión de medicina preventiva. El acceso a la salud dependerá ahora del poder adquisitivo de cada persona.

 

Tenemos una gran responsabilidad como familias a la hora de vacunar a nuestrxs hijxs. Algunos artículos informativos pueden producen inquietudes, por temor y/o desconocimiento (a cualquier padre o madre se le producen); incluso se puede contemplar la dificultad de que ciertas religiones opten por tener diferentes prácticas a la hora de la salud (definitivamente discutibles); sin embargo, ningún pormenor se iguala al avance que se había dado en nuestro país con la vacunación obligatoria, como derecho y deber.

 

Tenemos uno de los calendarios obligatorios más ricos de Latinoamérica. Son gratuitas, para poder llegar con la medicación a todas las clases sociales que habitan este país. Pero infundir temor en aquellos que no tienen acceso a la educación o a la información segura y confiable es sacarle el carácter de obligatoriedad a este derecho. ¿No es una manera de desproteger a toda una sociedad entera? Peleemos para que este proyecto no sea ley.

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